El Campello rechaza la alegación contra la sanción impuesta y la solicitud de ampliación de plazos presentada por la empresa adjudicataria de la ampliación del Instituto Enric Valor

Unanimidad en el pleno, con la que de facto arrancaría el procedimiento para rescindir el contrato con carácter definitivo. Todos los partidos políticos con representación municipal en el Ayuntamiento de El Campello han decidido hoy rechazar la alegación presentada por el empresa adjudicataria de las obras de ampliación del instituto Enric Valor contra la sanción económica que se le impuso en noviembre pasado, por reiterados incumplimientos en los trabajos, incluidos en el Plan Edificant, que llevan más de medio año paralizados.

    El pleno también ha rechazado por unanimidad una solicitud de la misma empresa para que se suspendiera y se ampliara el plazo de ejecución en el centro educativo.

    Una vez superados estos trámites legales, en tiempo y forma, el concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, ha señalado que ahora se entra en la fase tramitar la rescisión definitiva del contrato.

    Las obras fueron adjudicadas en octubre de 2022 por 7,8 millones de euros, con un plazo máximo de ejecución de 15 meses (sin posibilidad de prórrogas), pero las inspecciones realizadas han confirmado importantes retrasos en la ejecución de los trabajos, y hasta la paralización de los mismos. Los técnicos municipales han realizado varias inspecciones a las obras, constatado las demoras y que, cuando se trabajaba, la falta de personal era evidente.
    En el expediente constan varios informes de la dirección facultativa. El que lleva firma de mayo de 2023 ya alertaba del retraso en los trabajos, tónica que se mantuvo en meses sucesivos.

    En septiembre de 2023, los técnicos certificaron que no había actividad en las obras, lo que llevó a la imposición de penalidades por el Pleno Municipal. Para la rescisión se han tenido que cumplir unos plazos legales que marca la Ley de Contratos del sector público, que especifica que se puede resolver un contrato a partir de unos plazos de inactividad, que en este caso expiraron el pasado 3 de enero.