El PSOE acusa al PP de quedarse solo en la gestión de las VPP de Nou Nazareth y exige aclarar las irregularidades

El Grupo Municipal Socialista de Sant Joan d'Alacant ha cargado contra la gestión del equipo de Gobierno del PP en el desarrollo de las viviendas de protección pública (VPP) de Nou Nazareth, al considerar que el Ejecutivo de Santiago Román ha decidido mantener la adjudicación de la parcela municipal a la mercantil Promored Velilla I pese a haber sido sancionada por la Generalitat por una infracción muy grave relacionada con la comercialización anticipada de la promoción.

En una nota de prensa, el PSOE afirma que el Gobierno local "se ha quedado solo" en este asunto, al asegurar que el resto de grupos de la oposición han rechazado la actuación municipal y cuestionado la decisión de reactivar la formalización de la venta tras el pago de la sanción impuesta por la administración autonómica.

La portavoz socialista, Esther Donate, sostiene que el Ayuntamiento ha dado por cerrado el expediente sin explicar qué actuaciones de investigación ha realizado ni valorar si la empresa continúa reuniendo las condiciones para desarrollar una promoción de vivienda protegida sobre suelo público.

"Cuando toda la oposición coincide en que esta gestión se ha hecho mal, un Gobierno en minoría debería parar, escuchar y ofrecer explicaciones. Santiago Román ha preferido seguir adelante en solitario", afirma Donate en el comunicado.

Comercialización anticipada

Según recuerda el PSOE, la promotora reconoció haber publicitado las viviendas, formalizado reservas y recibido cantidades de 1.750 euros antes de que se formalizara la compraventa de la parcela y sin contar con la autorización administrativa necesaria para comercializar la promoción. Posteriormente, el Servicio Territorial de Vivienda declaró a la empresa responsable de una infracción muy grave por esos hechos.

Los socialistas señalan que, tras conocerse las irregularidades, el Ayuntamiento suspendió temporalmente el procedimiento, solicitó información a la empresa y anunció que estudiaría incluso la revocación de la adjudicación. Sin embargo, una vez abonada la sanción autonómica, el Gobierno municipal levantó la suspensión y continuó con la venta de la parcela.

Para el PSOE, el pago de la multa no eximía al Consistorio de analizar si la conducta de la promotora debía tener consecuencias dentro del propio procedimiento de adjudicación. "El PP confunde pagar una sanción con borrar lo sucedido", sostiene Donate.

Petición de investigación

La formación socialista recuerda que, desde el inicio del caso, ha solicitado la creación de una comisión de investigación, la celebración de un pleno extraordinario y el acceso a toda la documentación del expediente, además de presentar dos recursos administrativos para impedir que la operación continuara sin un debate previo.

Según el PSOE, ambos recursos fueron inadmitidos por el Ayuntamiento sin responder al fondo de las cuestiones planteadas, relativas a la comercialización anticipada, la sanción impuesta por la Generalitat, la publicidad de la promoción como segunda residencia y la ausencia de concurrencia pública en el procedimiento.

Asimismo, los socialistas critican el tono empleado en la propuesta de resolución municipal, al considerar impropio que incluya expresiones como "grosero", "impertinente" o "tramposa" para referirse a los recursos presentados por la oposición.

"Si el alcalde y la concejala de Vivienda hubieran dedicado a vigilar a la promotora el mismo tiempo y esfuerzo que han empleado en desacreditar nuestros recursos, probablemente no habríamos llegado hasta aquí", afirma la portavoz socialista.

El PSOE también reclama que el Ayuntamiento explique cuántas personas realizaron reservas, cómo se gestionaron las listas de interesados, qué ocurrió con las cantidades entregadas y si estas fueron finalmente devueltas.

La parcela destinada a la promoción de VPP fue adjudicada por 4,82 millones de euros más IVA. Los socialistas consideran que la necesidad de ingresar ese importe no puede prevalecer sobre la protección del patrimonio municipal y las garantías de las familias interesadas en acceder a una vivienda protegida.

El Ayuntamiento de Sant Joan no ha respondido, por el momento, a estas nuevas declaraciones del Grupo Municipal Socialista.